El proyecto para declarar el estado de emergencia en seguridad pública, que el gobierno entregó este miércoles a los jefes de bloques en la Legislatura provincial, tiene como fin declarado contener la crisis de violencia altamente lesiva en la población, muy en especial en Rosario, conjurar las problemáticas criminales y resguardar los bienes públicos y privados y redistribuir el servicio policial para volcarlo a las calles. Los puntos principales pasan por tener un programa específico y de excepción para facilitar las gestiones de compra que acorte las tramitaciones usuales del Estado mediante procedimientos especiales de contratación que tendrán carácter de urgente.
Los objetivos primordiales de la norma que busca el gobernador Maximiliano Pullaro se sintetiza en la construcción de uno o más complejos penitenciarios para alojar a tres mil personas, el rediseño del sistema de comisarías, la reestructuración de las tareas policiales con suplementos salariales para las fuerzas de seguridad que den prioridad al trabajo operativo o en la calle entre otros puntos.
Las que siguen son las principales afectaciones que el gobierno provincial pretende hacer en el campo de la seguridad pública en caso de que la Legislatura apruebe esta herramienta, y que figuran en el texto presentado a los legisladores.
* Implementar un programa para construir o refaccionar inmuebles destinados a los órganos que integran el sistema de seguridad pública provincial, que incluya la participación de los gobiernos locales en la definición de las necesidades de su uso.
* Rediseñar el sistema de comisarías en las grandes ciudades de la provincia, reemplazándolas por un esquema que garantice un mayor despliegue policial en el territorio y fortalezca las tareas operativas, construyendo la obra pública necesaria. En las dos mayores ciudades se trata del programa de comisarías distritales o estaciones policiales.
* Implementar un programa para obtener espacios de contención o alojamiento de personas víctimas de situaciones violentas.
* Disponer la convocatoria al servicio activo del personal de las fuerzas de seguridad en situación de retiro. La retribución que recibirán estos funcionarios será equivalente al doble del importe que percibían en su calidad de retirados. El Poder Ejecutivo debe confeccionar a su criterio la nómina del personal a convocar.
* Implementar un programa de reparación integral y de mantenimiento de vehículos afectados a la seguridad pública que garantice la reparación rápida de los mismos y la transparencia de los procesos.
* Implementar un plan de adquisición de infraestructura tecnológica aplicada a la Seguridad Pública para incrementar la eficiencia de los procesos de trabajo y mejorar los rendimientos
* Rediseñar los programas de formación de las fuerzas de seguridad, sus contenidos curriculares y atender la problemática de las instituciones encargadas de la capacitación, a fin de mejorar la calidad y la especificidad de la misma.
* Atender la problemática relacionada con la circulación ilegítima de armas de fuego y municiones como medida para la reducción de la violencia, revisando los procesos de trabajo de todos los órganos que se relacionan con esta problemática e incorporando la tecnología necesaria para abordarla de forma rápida y eficiente.
* Impulsar políticas que faciliten el traslado del personal de las fuerzas de seguridad a su lugar de destino. También programas habitacionales tendientes a cubrir necesidades de vivienda.
* Conformar un equipo multidisciplinario de contención y asistencia al personal de las fuerzas de seguridad víctima de accidentes o hechos violentos vinculados al servicio y a sus familias.
* Proveer del equipamiento necesario para dotar a las fuerzas de seguridad de todos los elementos que se requieran para el entrenamiento del personal, y en general, para cumplir eficazmente sus funciones.
* Revisar los procesos administrativos de trabajo de las fuerzas de seguridad con el objetivo de que, las funciones económico-financieras, jurídicas, de gestión del personal, de salud laboral y cualquier otra de apoyo sean realizadas por personal civil.
* Encomendar un proceso de compactación y disposición final de vehículos y motos secuestrados en causas judiciales a fin de que, en un plazo no mayor a 90 días, se defina su situación jurídica y se inicie un proceso de desocupación de los espacios destinados a dependencias de seguridad, los depósitos judiciales y la vía pública.
Fuente: la capital
