“Tomamos medidas para desalentar los desmontes ilegales y reforzar los controles. Instamos y exigimos que todos los procedimientos se realicen acorde a lo que indican las leyes ambientales e incluso, en algunos casos, somos más rigurosos”, explicó a Ámbito el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta, Martín de los Ríos.
En esa línea, desde la Secretaría de Ambiente se iniciaron sumarios a desmontadores ilegales, detectados gracias de un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación. Además aumentaron las exigencias para proyectos de cambio de uso de suelo, y diseñaron un nuevo registro de infractores y reincidentes ambientales, para que sea de fácil acceso y consulta.
“Antes se podía desmontar planes inferiores a 300 hectáreas sin estudios de Impacto Ambiental y Social y sin audiencia pública. Desde ahora eso ya no es posible. En todos los casos van a tener que cumplir con ambos requerimientos. Como autoridad de aplicación de la ley, analizamos y evaluamos la realidad ambiental y social de la provincia”, explicó De los Ríos en referencia a la Resolución 333/20 recientemente publicada.
En este mismo sentido agregó que, en cuanto a los proyectos de aprovechamiento sostenible, la Ley de Bosques prevé la posibilidad de hacerlo sin audiencia pública, siempre que no genere ninguno de los cinco efectos que se detallan en el artículo Nº22 de la Ley de protección de bosques nativos Nº 26.331: “Y nosotros sumamos que además no pueden superar las 1500 hectáreas. Es decir que, acorde a las facultades que tenemos, estamos siendo más restrictivos que lo que indica la Ley”.
En relación a cuestionamientos a los desmontes realizados durante la cuarentena, el Ministro aclaró que el DNU 297 del 19/03/2020, en su artículo 6º, donde se establecen las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el inc. 13 establece que una de esas excepciones son las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, pero se elevó un informe al Ministerio Publico de la Provincia de Salta para que realice una investigación.
