Las llamadas realizadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y exfuncionarios de Cambiemos serán analizadas por la Justicia federal de La Plata, en el marco de una causa que investiga la existencia de una mesa judicial destinada al armado de causas a gremialistas.
Así fue requerido este martes por la fiscal Ana Russo, quien imputó al intendente de La Plata, Julio Garro, y a otros 14 acusados, en un dictamen que entregó al juez federal en esa ciudad, Ernesto Kreplak, a cargo de la causa abierta luego de conocerse una reunión entre exfuncionarios macristas, empresarios y exespías de alta jerarquía en la AFI, ideada para coordinar acciones para perseguir judicialmente a gremialistas.
«Cabe destacar que esta representación del Ministerio Público Fiscal ha impulsado la acción penal, no sólo contra los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017, sino también contra toda otra persona que resultare» involucrada con los hechos denunciados, explicó la fiscal en su dictamen.
Russo sostuvo que se investiga «la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el Gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata».
Este martes fueron imputados Garro y otros 14 acusados que concurrieron a una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 y a «toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos» y que «pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción«, según el dictamen al que accedió Télam.
Si bien no incluyó a Vidal en el listado de imputados, la fiscal enmarcó el pedido para investigar sus comunicaciones en el mismo dictamen -punto 6 de la resolución- en el que imputó al intendente Garro y a otros 14 participantes en la reunión.
Para ello, solicitó al juez un «exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal«.
La fiscal, en ese punto, requirió el detalle de las comunicaciones realizadas entre esas personas desde el 1 de mayo de 2017 hasta diciembre del mismo año.
Aquella reunión de junio del 2017 fue grabada por una cámara y originó una denuncia penal por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, luego de que se conocieran audios en los que se instaba a iniciar causas judiciales contra el extitular de la Uocra La Plata, Juan Pablo «Pata» Medina.
Por otra parte, la fiscal ratificó también la competencia del fuero federal al sostener que se puede estar ante delitos como asociación ilícita o infracción a la Ley de Inteligencia, algo que había sido objetado por la propia Vidal en su única entrevista pública desde que estalló el escándalo, en el canal La Nación +.
En su dictamen, la fiscal dejó planteado que «se proceda al llamado a indagatoria» de aquellos imputados sobre quienes, una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas, «se alcance el estado de sospecha suficiente».
La semana pasada, la querella de «Pata» Medina, había reclamado al juez que imputara también a Vidal.
Por la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se habló de «preconstituir» causas judiciales contra dirigentes sindicales, quedaron imputados Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el exministro de Infraestructura Roberto Gigante y el senador bonaerense (Juntos por el Cambio) Juan Pablo Allan, electo por la octava sección (La Plata).
También tres exfuncionarios de la AFI macrista como el exdirector de Asuntos Jurídicos de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano; el exjefe de gabinete del organismo, Dario Biorci, y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, además de empresarios de la construcción.
También imputó a Marcelo Jaworski, director general del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (Copetro); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; Jorge Oscar Del Rio, titular de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco); Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, del Colegio de Arquitectos de La Plata; Ricardo Alconada, presidente de la constructora OCSA, y Bernardo Zaslascky, director de la Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción.
La fiscalía pidió al juez otras medidas de prueba, como informes a la AFI y a otros juzgados que llevan causas vinculadas con presuntas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
Otro de los participantes de la reunión, el exministro de Trabajo de la gestión de Vidal, Marcelo Villegas, ya había sido imputado por la fiscal en su primera intervención en el caso: el requerimiento de instrucción del 28 de diciembre pasado.
El extitular de la cartera laboral bonaerense fue quien pronunció la frase sobre la conveniencia de crear «una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios», declaración que quedó grabada en el video hallado en la AFI y que motivó la denuncia inicial de Caamaño.
Fuente: Telam
