Fin de una era para La Suipachense
El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes ha declarado la quiebra de Lácteos Conosur S.A., el nombre oficial de la reconocida empresa láctea La Suipachense, la cual ostentó más de 70 años de trayectoria en el mercado. Tras un prolongado conflicto gremial, los 140 empleados de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha se quedarán sin empleo.
Resolución judicial
La resolución del juzgado especificó que «la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva», además de ordenar la inhibición general de bienes de Lácteos Conosur. También se determinó la inhabilitación del empresario Jorge Luis Borges León, quien estaba a cargo de la gestión de la compañía. La sentencia establece que la administración de Borges León cesará durante el año posterior a la quiebra, salvo que se solicite una reducción o prórroga según lo estipulado por la legislación concursal. Adicionalmente, se le solicita requerir autorización judicial para salir del país.
Medidas adicionales
- Clausura del establecimiento en Suipacha.
- Incautación de documentos y libros en la planta.
- Entrega inmediata de llaves y claves de acceso digital a la sindicatura por parte de Borges León.
Con esta declaración, La Suipachense se une a otra compañía del mismo sector que recientemente enfrentó un destino similar. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), proveedor de yogures, flanes y postres de SanCor, fue declarada en quiebra el 6 de noviembre por el juez Federico Güerri, quien dispuso la liquidación final y cierre definitivo de sus instalaciones.
Crisis prolongada
La principal planta de ARSA, situada en el partido bonaerense de Lincoln, empleaba a 180 personas, y otras 200 trabajaban en su centro de distribución en Córdoba. Esta red logística contaba con 165 distribuidores que abastecían semanalmente a 70.000 comercios en todo el país.
La declaración de quiebra de La Suipachense se produjo tras una intimación judicial para que la empresa presentara un plan de acción a finales de octubre, luego de tres meses de inactividad. Esta situación crítica se originó a principios de septiembre, cuando la dirección despidió a 9 trabajadores administrativos y amenazó con despedir a 60 empleados adicionales, lo que llevó a manifestaciones de los trabajadores junto con la comunidad de Suipacha y Chivilcoy.
La solicitud formal de quiebra fue presentada el 27 de octubre por el abogado Julián Coronel, asociado históricamente a Atilra y representante de Watt’s, uno de los acreedores. En su escrito, se destacaba que la empresa había detenido su producción durante aproximadamente tres meses, lo que resultó en una crítica y grave situación para los trabajadores, además de complicar el restablecimiento de la actividad.
