Una votación inesperada en el Congreso
En una escena asombrosa, la madrugada en el recinto de Diputados mostró al bloque oficialista junto al kirchnerismo uniendo fuerzas para nombrar a los representantes en la Auditoría General de la Nación. Esta sorprendente alianza fue aún más notoria por la ausencia de algunos miembros del Gobierno y otros bloques críticos.
La rapidez de esta operación llevó a que al menos dos de los nuevos auditores llegaran prácticamente corriendo al Congreso, despertados por llamadas telefónicas. Este pacto, que tuvo lugar el pasado jueves en la Cámara baja, trae consigo implicaciones internas para el oficialismo y afecta sus relaciones con aliados clave.
Tensiones internas y el costo de la negociación
El entendimiento con el kirchnerismo, que se extiende a otros sectores del peronismo, ha generado una grieta notable entre el Gobierno y sus socios. Las posturas divergentes y las presiones cruzadas que caracterizaron los primeros dos años del mandato de Javier Milei ahora se ven reflejadas en la distribución de puestos, donde se propuso a Juan Forlón de UxP y a Mónica Almada de LLA, sumándose a Pamela Calletti.
La elección de Forlón refuerza aún más el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, mientras que la designación de Almada responde a decisiones de Karina Milei. Esta estrategia, que parece ignorar el contexto presupuestario, busca además frenar movimientos de otros personajes políticos.
Reacciones y consecuencias del acuerdo
La decisión del oficialismo de colaborar abiertamente con el kirchnerismo, considerado por muchos como parte de la “casta”, ha reavivado rumores sobre posibles negociaciones clandestinas para desbloquear la integración de la Corte Suprema y avanzar con nombramientos de jueces federales.
- La reacción de PRO y los radicales cercanos a LLA generó un nuevo oleaje político, con la posibilidad de que se judicialice el asunto de la AGN.
- Las tensiones se intensificaron con las críticas al Presupuesto 2026, especialmente respecto a la inclusión de derogaciones de leyes de emergencia.
El Gobierno forzó estos cambios sin ofrecer alternativas, lo que provocó una reacción adversa que eclipsó la aprobación del Presupuesto. Olivos incluso sugirió un posible veto si el Senado no lograba revertir la situación, creando malestar entre los gobernadores que esperan la llegada de fondos.
Esta serie de desavenencias ha llevado a la postergación de la reforma laboral, cuya votación se planeaba para febrero. A medida que se aproxima el debate del Presupuesto en el Senado, se evalúa la posibilidad de introducir modificaciones sin restaurar la controversia sobre las derogaciones, lo que podría resultar en problemas legales.
Después de las elecciones de octubre, el Gobierno trasladó su atención al Congreso, entablando intensas negociaciones con los gobernadores sobre diferentes fondos y acuerdos futuros. Sin embargo, el costo de este pacto parece duplicarse, especialmente ante la inminente reforma laboral y la percepción pública relacionada con el manejo de la AGN. En este nuevo escenario, resalta la decisión de recurrir a las tácticas de la “vieja” política.
