La organización criminal detrás del fraude
Durante más de una década, el grupo conformado por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos se desempeñó como una maquinaria fraudulenta implacable. A través de contratos, fideicomisos y obras que nunca se completaron, cientos de familias entregaron sus ahorros con la ilusión de adquirir su hogar. Sin embargo, lo que realmente financiaban era «una organización criminal» diseñada para cometer fraudes, según estableció el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº40 en su resolución del 1 de diciembre.
Operaciones desde la cárcel
A pesar de que Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, así como su ex colaborador Patricio Flores están encarcelados, varios damnificados han denunciado que continúan operando desde prisión. Aseguran que tienen emisarios que intentan persuadir a las víctimas con ofertas monetarias para que retiren sus denuncias y que están involucrados en remates de bienes que podrían ser usados para compensar a los estafados.
Detalles del esquema fraudulento
La jueza Paula González ha calificado a este grupo como una asociación ilícita que operó entre 2012 y 2025, con Vito y su hijo Emanuel como líderes. Juntos coordinaron toda la actividad delictiva, mientras que los demás miembros, incluyendo Juan Ignacio, Santiago y Patricio Flores, llevaban a cabo operaciones que involucraban firmas de contratos y representación en negocios diversos. La investigación revela una estrategia deliberada para captar fondos sin intención de culminar proyectos inmobiliarios.
Estrategias para ocultar el dinero
El esquema incluía la creación de más de 20 nuevas sociedades para confundir patrimonios y ocultar el destino de los fondos. Entre ellas se destacan:
- Induplack S.A.
- Integral Home S.A.
- Icons Tech S.A.
- Siberian Import S.A.
- Metro Arq S.A.
Estas empresas estaban destinadas a seguir cobrando sobre proyectos que no se materializaban o a reestructurar contratos, manteniendo la opacidad de las transacciones.
Consecuencias económicas y testimonios de las víctimas
Más de 500 damnificados han sido identificados, acumulando pérdidas que superan 40 millones de dólares. Cada caso sigue un patrón inquietante: compras realizadas, dinero entregado y promesas de entrega incumplidas. Muchos de los edificios permanecieron parados, y en ocasiones la misma unidad fue vendida múltiples veces. En proyectos que se mostraron parcialmente completados, el dinero de nuevos compradores jamás se destinó al avance de la obra.
La resolución judicial también destacó el uso del Fondo Común de Inversión Quinquela + Predial como una fachada para canalizar capitales bajo la apariencia de inversiones legitimas, contribuyendo a desviar fondos en beneficio del grupo.
Demandas de los afectados y deficiencias judiciales
Los damnificados expresan su preocupación sobre el avance de la causa, temiendo que se diluyan las responsabilidades de otros implicados si no se amplía la investigación. Comentan que han recibido propuestas tentadoras en su mayoría provenientes de emisarios de los L’Abbate para retirar las denuncias. Una de las afectadas relató la sensación de desprotección judicial que enfrentan, al indicar que la Fiscalía argumenta haber agotado sus acciones disponibles.
El caso del edificio de Nicolás Repetto ilustra las contradicciones dentro del sistema judicial, ya que un juzgado civil continúa procesando remates en propiedades pese a las órdenes penales de no innovar. Para las víctimas, esto representa una gravísima amenaza para la seguridad de los activos destinados a una potencial reparación económica.
Actualizaciones recientes
La Fiscalía ha solicitado la declaración indagatoria de varios implicados, incluyendo a Leonardo Virarelli y Mario Virarelli. Las víctimas también han lanzado una cuenta en IG para unir reclamos: @damnificadosinduplack.
