Reestablecimiento de la Ley de Tierras
Esteban Paulón, diputado por Provincias Unidas, comentó en una reciente entrevista que, si el Congreso rechaza el DNU 70/2023, la Ley de Tierras podría volver a estar vigente en un plazo de 15 días, tras un fallo de la Corte Suprema. Esta advertencia se da en el contexto de una sesión especial convocada por la oposición para discutir el megadecreto y otros proyectos relacionados con endeudamiento y discapacidad.
Contexto legislativo
La iniciativa cuenta con el respaldo de 133 legisladores y el bloque de Provincias Unidas ya ha manifestado su intención de asegurar el quórum necesario para la votación el jueves 15. Durante su intervención, Paulón subrayó que la votación legislativa podría cambiar significativamente el actual marco regulador de la tenencia de tierras rurales en el país.
Implicaciones del fallo de la Corte
El legislador hizo referencia a la sentencia del tribunal supremo y explicó que, desde la apertura de los registros de propiedad en las provincias, se eliminaron las limitaciones a la compra de campo por extranjeros. «Hoy no hay ley de tierras, por lo que cualquier persona, entidad o estado extranjero puede adquirir la cantidad de tierra que desee, en cualquier lugar, aseguró Paulón, destacando que esta situación no solo afecta tierras, sino también ríos, zonas fronterizas y el acceso al agua para tecnologías.
Necesidad de una intervención congresal
Paulón enfatizó que esta condición activa derechos que perdurarán hasta que el Congreso tome una decisión. «No hay marcha atrás en este escenario» hasta que se aborde el tema legislativamente, afirmó. Para él, la opción más expedita es que la Cámara de Diputados apoye el rechazo ya decidido por el Senado respecto al DNU. «Estamos a solo una votación de restituir la ley de tierras», añadió.
Proyectos en discusión
La discusión sobre el DNU incluirá temas de endeudamiento y discapacidad, y los actores que impulsan la sesión buscarán que los 133 legisladores que mostraron apoyo anteriormente mantengan una línea común durante la votación. Paulón se opone a la idea de revisar únicamente el capítulo relacionado con tierras, advirtiendo que eso implicaría un nuevo proceso legislativo prolongado.
Normativas en cuestión
El diputado también discutió las incertidumbres que ameritaría un rechazo total al decreto, señalando que la normativa tiene una antigüedad de cerca de tres años, con el 80% de sus disposiciones ya caducadas. Adicionalmente, mencionó que las disposiciones laborales se integraron a la reforma laboral, y muchas otras medidas fueron absorbidas por la nueva Ley de Bases.
Propuesta legislativa alternativa
Paulón sugirió establecer leyes específicas para abordar los puntos aún vigentes del DNU, mencionando ejemplos como el tema de alquileres, que podría solucionarse con una normativa rápida de dos artículos. También reflexionó sobre la naturaleza política del DNU, argumentando que su relevancia trasciende las disposiciones que aún permanecerían vigentes. «Un decreto que modifica 300 materias y deroga 70 leyes no debe ser objeto de un debate democrático», concluyó.
