La iniciativa faculta al Banco Central de la República Argentina a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir este miércoles por la noche un proyecto de ley que obliga a entidades bancarias y financieras a acreditar en forma inmediata a los comercios pymes las compras realizadas con tarjetas de débito y prepagas.
Al iniciar el debate, la presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, destacó el consenso logrado entre las fuerzas políticas y anticipó que la obligatoriedad no solo es con compras realizadas con débito sino con tarjetas prepagas.
También precisó que el beneficio será para los comercios minoristas y mayoristas del segmento mipyme con «exclusión de aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no revistan la condición» de la ley de pymes.
De esta manera, el proyecto fijará que las entidades bancarias y no bancarias deberán acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito o tarjeta prepaga cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro que estén encuadradas en la Ley pyme.
La iniciativa faculta al Banco Central de la República Argentina a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas.
Vallejos señaló que «como bien expresaron las distintas cámaras y asociaciones de comerciantes, de pequeñas y medianas empresas, esta medida representa una contribución importante para el sector, ya que se trata de un importante volumen de operaciones que se realizan con estos medios de pago, donde el plazo que va de 48hs hasta varios días».
«Por lo tanto tenemos el convencimiento de que estamos aportando un elemento para apoyar a este sector de nuestra economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica y, en el último año agrado por la pandemia», dijo la legisladora.
Por último agrego que «nos complace, sinceramente, poder apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas, porque entendemos que la buena legislación debe orientarse a equilibrar la balanza, contemplando los intereses del conjunto pero protegiendo especialmente los de los más débiles».
Fuente:Telam
