Análisis de la medida por parte del Gobierno
El Gobierno argentino está considerando la posibilidad de anular los derechos de exportación (también conocidos como retenciones) sobre el petróleo convencional producido en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Esta decisión implicaría una renuncia a la recaudación fiscal que se estimaría en aproximadamente US$ 60 millones. A cambio de esta medida, las empresas petroleras se comprometerían a destinar dichos fondos a nuevas inversiones.
Presentación a las autoridades nacionales
Durante los últimos meses, varios actores han trabajado en este plan, que fue presentado en la Casa Rosada por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Santa Cruz, Claudio Vidal. En este encuentro, participaron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, así como los ministros de Economía e Interior, Luis Caputo y Lisandro Catalán.
Entre las empresas que asistirieron a la reunión se encuentran Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Pecom y Crown Point. Estas compañías serían las principales beneficiarias del plan, dado que tienen concesiones en áreas que producen petróleo del tipo «Escalante«, utilizado mayormente para la producción de gasoil en la refinería de Axion ubicada en Campana, así como para exportaciones de crudo hacia Estados Unidos.
Contexto de la crisis del petróleo convencional
En agosto de este año, la producción de petróleo en Argentina alcanzó un promedio de 831.000 barriles diarios, de los cuales 304.000 barriles pertenecían al segmento convencional, lo que representa un descenso interanual del 5,2%. La extracción de crudo convencional de pozos maduros requiere una inversión significativa por parte de las empresas, además de un uso creciente de productos químicos y la recuperación de más agua que petróleo.
La reciente decisión de YPF de retirarse de todos los campos convencionales para centrarse en la producción en Vaca Muerta, donde los márgenes de ganancia son más altos, ha precipitado la aparición de una crisis que no muestra signos de mejora, incluso con la implementación del Plan Andes. Este plan permitió que YPF vendiera sus campos a operadores más pequeños, que podrían operar de manera más eficiente.
Consecuencias sociales y económicas
La persistente caída de la actividad convencional presenta dos importantes riesgos: la posibilidad de que las refinerías tengan que aumentar las importaciones de crudo o de gasoil para reemplazar el petróleo que falta, y el potencial surgimiento de una crisis social con consecuencias inciertas en la región de la Patagonia. Esto sucede mientras la producción y las inversiones se trasladan a Vaca Muerta, en Neuquén.
Según un estudio realizado por la Universidad Austral, la producción de petróleo convencional ha disminuido un 39% en la última década. Si no se modifican las normas fiscales, se estima que Argentina podría verse forzada a importar crudo pesado antes de 2030, lo que afectaría negativamente la autosuficiencia energética, el empleo y las economías regionales.
El petróleo convencional representa más del 50% del crudo necesario para el sistema de refinación local y genera empleo directo e indirecto en provincias como Chubut y Santa Cruz, donde se calcula que aporta entre el 8% y el 13% del empleo privado formal, con sueldos significativamente superiores a la media nacional.
La continuidad del sector es vital para mantener infraestructuras existentes y salvaguardar un tejido social que carece de alternativas productivas comparables. Este hecho fue subrayado en una reunión entre el director del Instituto de Energía, Roberto Carnicer, y el consultor Nicolás Arceo (Economía & Energía), junto con los ejecutivos de las empresas Emilio Nadra (CGC) y Adolfo Storni (Capex).
Parte de la crisis actual se atribuye a los altos costos de producción, donde el costo operativo por barril (bajo el concepto de opex) varía de 20 a 50 dólares, en contraposición a los 5 a 10 dólares por barril en Vaca Muerta. Desde 2012, la producción en Neuquén se ha beneficiado de economías de escala que la hacen más competitiva.
Ante esta situación, Chubut decidió disminuir las regalías del 12% al 6% para el petróleo convencional, y del 12% al 9% para la actividad no convencional que recién comienza.
