Nuevo nombramiento en el Gobierno
El Gobierno argentino ha nombrado a Agustín Caulo como nuevo secretario de Culto y Civilización, cargo que previamente ocupaba como subsecretario en el área dependiente de la Cancillería. Caulo es un referente del oficialismo, vinculado a un sector llamado «Las Fuerzas del Cielo», liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Este nombramiento se hizo oficial mediante el Decreto 362/2026, que fue publicado en el boletín oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.
Caulo toma el lugar de Nahuel Sotelo, quien dejó su puesto para asumir en la Legislatura bonaerense. En su nueva función, también se le ha otorgado el rango de «Embajador Extraordinario y Plenipotenciario» de forma protocolar.
Desafíos en las relaciones con la Iglesia Católica
El nuevo secretario de Culto tendrá la tarea crucial de mejorar las relaciones con la Iglesia Católica, que ha expresado en varias ocasiones su inquietud respecto a las políticas del Gobierno. Recientemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, señaló que los ingresos de la clase media se han visto gravemente afectados: «A veces nos piden para terminar de pagar el alquiler».
Colombo mencionó en sus declaraciones a Radio Rivadavia: «Nuestros benefactores, que eran en su mayoría de clase media, ahora son quienes nos solicitan ayuda para cubrir deudas o gastos básicos, como el de medicamentos».
Proyectos controvertidos y su impacto
Dentro de la Iglesia y organizaciones no gubernamentales como Techo, se percibe un nuevo esfuerzo por erradicar las villas a nivel nacional. Se trata del proyecto de ley sobre la «inviolabilidad de la propiedad privada», impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este proyecto busca eliminar las suspensiones de desalojos y facilitar la recuperación de viviendas y terrenos.
La propuesta establece un juicio sumarísimo para expulsar rápidamente a quienes no paguen alquileres o si ocupan terrenos de manera irregular, modificando el actual «Régimen de regularización dominical para la integración socio-urbana». Esta normativa, creada por la ley 27.453 y aprobada en 2018, tiene como objetivos principales la integración urbana, la suspensión de desalojos, y la creación de servicios básicos para familias vulnerables.
