Disputa entre tribunales sobre bienes decomisados
La disputa en los tribunales en torno al destino de los bienes decomisados ligados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez se intensifica mientras la Justicia determina el valor y la fecha del remate de estos activos. La incertidumbre aumenta con cada día que pasa, ya que el Tribunal Oral Federal N°5, que está encargado de juzgar a Kirchner, su hijo Máximo y Báez por el caso de lavado de dinero relacionado con Hotesur y Los Sauces, enfrenta una pelea por el control de los campos, estancias y vehículos del empresario patagónico.
Desarrollo de la situación legal
El conflicto, aunque por el momento se discurre entre intercambios formales y con cierta elegancia entre los jueces, manifiesta una creciente indignación debido a la certeza de que el patrimonio de Báez será casi totalmente liquidado antes del remate. El Tribunal Comercial N°28, bajo la supervisión del juez subrogante Jorge Sícolo, está gestionando la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez.
La justicia comercial ha realizado remates de estancias, vehículos y otras propiedades de Báez, recaudando más de 2601 millones de pesos, dejándole con poco patrimonio por vender: solo le quedan su obrador en Río Gallegos y algunas maquinarias. La firma de contadores Stupnik & Stupnik, encabezada por Martín Stupnik y Sergio Stupnik, está a cargo de la liquidación y ha percibido honorarios significativos, que oscilan entre el 4% y el 12% de los bienes vendidos, lo que representa al menos 100 millones de pesos.
Desacuerdos y decisiones judiciales
Después de que los jueces del caso de Hotesur solicitaran detener los remates, el tribunal comercial se dirigió a la Cámara Comercial, que les autorizó a continuar con estos procedimientos. La situación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si se detienen los remates, ya que los jueces de Hotesur argumentan que no quedan casi bienes disponibles, mientras que el tribunal comercial desea avanzar para cubrir los intereses de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros gastos.
Aparición de un nuevo actor legal
Un nuevo inconveniente se presenta con la aparición del Tribunal Oral Federal N°2, compuesto por Jorge Gorini, Gonzalo Rodríguez Uriburu y Andrés Basso, que impuso una condena a Kirchner y Báez por el caso de Vialidad y busca el decomiso de 530 millones de dólares.
Estado de los bienes rematados
La liquidación ha conseguido rematar gran parte de los activos de Austral Construcciones, incluyendo propiedades en Buenos Aires, como departamentos y edificios, así como diversas propiedades en Santa Cruz. El Gobierno de Santa Cruz ha ofertado 2 millones de dólares por lo que queda de la propiedad más significativa en Río Gallegos, que incluye el obrador central.
- Se han vendido estancias en la región de El Calafate.
- Propiedades en Río Gallegos han sido rematadas, incluyendo edificios y unidades funcionales.
- Numerosos vehículos, maquinaria y muebles también se han equitativamente vendidos.
Desafío en la liquidación y el futuro
Los bienes restantes incluyen solo un par de inmuebles en Río Gallegos y vehículos varios. Ambos bienes están hipotecados a favor del Banco Nación y el obrador central está bajo la custodia de la Gendarmería Nacional. La situación se complicará más si se mantiene la intención de realizar decomisos en función de las deudas impuestas por el fallo de la “Ruta del dinero K”. La venta de maquinaria y vehículos sigue siendo limitado, y las propiedades involucradas con Austral Construcciones presentan complicaciones legales para ser comercializadas.
