Avance en la desregulación inmobiliaria
El Gobierno argentino continúa su trayectoria hacia la desregulación inmobiliaria, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, liderando esta iniciativa. Esta propuesta busca modificar de manera radical cómo opera el corretaje en el país, provocando tensiones significativas entre cámaras empresariales y colegios profesionales.
Detalles de la propuesta legislativa
De acuerdo a fuentes ministeriales, el borrador de la ley será presentado al Congreso en el mes de junio. Este ambicioso proyecto incluye:
- Eliminación de la matrícula y del título universitario como requisitos para ejercer como corredor inmobiliario.
- Permitir el trabajo interjurisdiccional sin restricciones.
- Liberalización de los honorarios y comisiones de los corredores.
- Incorporación del corretaje a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles.
Críticas y defensas del sistema actual
Los sectores que abogan por la desregulación sostienen que el sistema vigente actúa como un obstáculo de entrada, limitando la competencia. Por el contrario, los colegios profesionales argumentan que el proyecto plantea dudas en términos de constitucionalidad y podría afectar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias.
En este marco, resurge el planteo de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora por La Libertad Avanza. Durante una reunión con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) en 2023, Bullrich destacó que el corredor inmobiliario matriculado “da confianza a las partes y garantiza el éxito de una transacción inmobiliaria”.
Modificaciones en el corretaje
Entre las modificaciones propuestas se contempla abolir la exigencia de un título universitario y matrícula para ejercer el corretaje, permitiendo que tanto personas humanas como jurídicas actúen como corredores. Asimismo, los honorarios se acordarían libremente entre las partes. Esta iniciativa está alineada con la agenda de desregulación del Gobierno, que busca reducir costos y eliminar estructuras corporativas en varios sectores.
La importancia de la regulación en el mercado inmobiliario
Los colegios sostienen que más del 95% de las operaciones inmobiliarias en Argentina son realizadas por corredores matriculados, mientras que solo un 3% a 5% son acuerdos sin intermediación profesional. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño, advierte que la regulación profesional debe quedar a cargo de las provincias y no ser definida por una ley nacional. Insiste en que el corretaje inmobiliario involucra la gestión de patrimonio y documentación legal, subrayando que no se trata solo de captar clientes.
Desafíos y preocupaciones del sector
El sector colegiado también destaca que los colegios cumplen con funciones éticas, disciplinarias y de formación continua. La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) agrupa a más de 40,000 matriculados nacionales y se preocupa por la posible aparición de operadores informales sin las competencias necesarias, lo que podría multiplicar los conflictos y malas prácticas comerciales.
Apoyo a la desregulación por parte de sectores del mercado
Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), se respalda el proyecto de Sturzenegger. Su presidente, Mariano García Malbrán, considera que el actual sistema limita la competencia al requerir pertenencia a un esquema colegiado. Asegura que la profesionalización no depende solo de un título universitario y que el mercado actual demanda habilidades que antes no eran esenciales.
García Malbrán señala que la moderna dinámica del mercado inmobiliario en países como Estados Unidos, donde se han reducido comisiones tras fallos judiciales, ilustra que las prácticas del pasado no son efectivas en el presente. CAMESI también promueve el reemplazo de regulaciones por seguros de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo.
El futuro del mercado inmobiliario
Este debate en curso refleja dos visiones contradictorias sobre el futuro del sector inmobiliario en Argentina: un modelo abierto que prioriza la competencia y la tecnología contra otro centrado en la protección y regulación profesional para asegurar la transparencia y seguridad jurídica en transacciones significativas para las familias.
García Malbrán concluyó: “La modernización del mercado inmobiliario es inevitable y debe girar en torno al consumidor, la competencia y la libertad de elección”.
