Impugnación formal a la audiencia pública
Un grupo de representantes de la cámara baja ha presentado este miércoles una impugnación formal a la audiencia pública convocada para discutir modificaciones a la Ley de Glaciares (26.639). Consideran que el procedimiento no cumple con las condiciones mínimas de participación ciudadana. La solicitud fue liderada por Maximiliano Ferraro y contó con el apoyo de otros diputados como Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías. En su escrito argumentan que el proceso resulta «inválido» debido a diversas irregularidades en la metodología implementada.
Restricciones a la participación y falta de transparencia
Los legisladores denunciaron que el esquema actual limita de manera ilegítima la participación pública y contraviene normas como el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú (27.566), que aseguran el acceso a la información y la participación en cuestiones ambientales. Uno de los cuestionamientos principales se refiere a la restricción en las intervenciones orales y a los criterios utilizados para seleccionar a los participantes.
Según Ferraro, más de 100.000 personas se registraron para participar en el debate, pero solamente un porcentaje mínimo podrá exponer sus opiniones. «Estamos frente a una audiencia pública que se ha convertido en una farsa. En vez de facilitar la escucha, se decidió limitar la participación al 0,3%«, expresó el diputado, quien también criticó que las reglas del proceso se modificaron una vez comenzada la convocatoria.
Criticas por arbitrariedad y falta de debate real
En el mismo sentido, Selva resaltó que la participación ha sido arbitrariamente cercenada y cuestionó la ausencia de transparencia en la selección de oradores. Asimismo, criticó la decisión de ampararse en un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la intervención de ciudadanos de otras provincias.
Los diputados subrayaron que el formato establecido desvirtúa la esencia de una audiencia pública, limitándola a una instancia meramente formal, sin un debate real ni la posibilidad de que la ciudadanía influya efectivamente. La impugnación solicita la invalidez de la audiencia y la nulidad de los actos efectivamente realizados en dicho marco, demandando la convocatoria a un nuevo encuentro que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas.
Controversia en torno a la reforma
Este planteamiento ocurre en paralelo al inicio de las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, propuesta que ya ha suscitado controversia por sus posibles implicaciones en la protección de recursos hídricos y en actividades productivas en varias regiones del país. Hasta el momento, el eje del conflicto no solo radica en el contenido de la reforma, sino también en el procedimiento escogido para su discusión. En este contexto, los legisladores han manifestado la intención de recurrir a la Justicia si se mantienen las restricciones mencionadas.
