Negociaciones en marcha
El Gobierno se encuentra en medio de conversaciones con los rectores de universidades para buscar una solución que ponga fin al conflicto judicial relacionado con la ley de Financiamiento Universitario. Este análisis ocurre mientras la Corte Suprema estudia la demanda surgida sobre la aplicación de dicha ley. Se prevé que, si el tribunal falla en contra del Gobierno, este deberá destinar alrededor de $2,5 billones a las universidades.
Contexto del conflicto
La disputa entre las instituciones de educación superior y la administración actual ha persistido desde octubre de 2025. Durante este periodo, el Ejecutivo optó por no ratificar el proyecto de ley y optó por una estrategia judicial que busca impedir su implementación.
Posibles reuniones
En este contexto, existe la posibilidad de que esta semana se convoquen a representantes del Gobierno y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque aún no hay una fecha establecida para el encuentro. Actualmente, los rectores del CIN han afirmado que no han recibido una oferta formal.
- Las negociaciones abarcan temas como la recomposición salarial de los docentes.
- También incluye el pago de becas estudiantiles y la transferencia de fondos pendientes para hospitales universitarios.
Estrategia del Gobierno
Desde el Ejecutivo se ha discutido la posibilidad de ofrecer a los rectores la transferencia de fondos según el proyecto de financiamiento universitario que fue presentado en el Congreso en febrero. Esta propuesta tenía como objetivo modificar la legislación existente para mitigar el impacto fiscal, enfocándose solamente en la recuperación salarial de los docentes correspondiente al año 2025, sin considerar la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y 2024.
La condición del Gobierno es que, a cambio de la transferencia de fondos, las universidades retiren la medida cautelar presentada contra la administración, que actualmente está a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Esta demanda exige el cumplimiento de aumentos salariales y de becas estipulados por la ley, basándose en índice de precios al consumidor (IPC).
Consecuencias de un fallo desfavorable
El Gobierno está preocupado por los costos asociados a un posible fallo negativo. Si la Corte Suprema decide en contra del Estado, se requerirá la transferencia de aproximadamente $2,5 billones al sistema universitario.
Por esta razón, la Procuración del Tesoro está trabajando en los aspectos legales de un potencial acuerdo que garantice la suspensión de las acciones judiciales si se realiza la transferencia de fondos.
Continúan las protestas universitarias
A medida que las negociaciones avanzan, los gremios universitarios mantienen sus protestas para hacer visibles sus demandas. La semana pasada, la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó a cabo una jornada de clases públicas en varios puntos de la ciudad, con una actividad central frente al Palacio de Tribunales. Además, el Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó un paro total de actividades durante 24 horas el pasado viernes.
Los sindicatos ya han anticipado que podrían implementar nuevas medidas al inicio del segundo cuatrimestre, dependiendo de los resultados de las negociaciones salariales y la evolución de la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
