Promulgación y condiciones de las leyes
El Gobierno ha oficializado las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que estipulan la asignación de fondos y la recompensación salarial, en un contexto en el que se agotaba el plazo para su implementación. Sin embargo, su aplicación queda pendiente hasta que el Congreso de la Nación defina las fuentes de financiamiento necesarias. En ambos decretos se aclara que la publicación está sujeta a las disposiciones establecidas por el artículo 5 de la Ley 24.629, que señala que toda ley con gastos asociados debe prever su financiamiento explícitamente. De no hacerlo, su ejecución se suspenderá hasta que las partidas correspondientes sean incluidas en el presupuesto nacional.
El contexto del veto y la presión social
El presidente Javier Milei había vetado previamente estas normas argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, pero la oposición logró su ratificación en ambas Cámaras. Incluso antes de la promulgación, médicos del Hospital Garrahan y representantes universitarios pidieron la regulación de estas leyes, temerosos de que la Casa Rosada decidiera no implementarlas, como había sucedido con la ley sobre discapacidad.
Detalles de la Ley 27.795
A través del Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aplica la Ley 27.795, que establece el financiamiento para la educación universitaria y la mejora salarial de los docentes. Como parte de esta ley, el Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar y aumentar los programas de bienestar estudiantil, así como intensificar la inversión en becas tanto en niveles universitarios como preuniversitarios.
Los lineamientos indican que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias destinadas al programa ‘Desarrollo de la Educación Superior’ con el propósito de facilitar la inserción, permanencia y graduación de los estudiantes, además de garantizar condiciones laborales adecuadas para docentes y personal no docente. También se enfatiza la necesidad de incorporar tecnología digital y mejorar la formación y estabilidad de los cuerpos docentes.
Ampliación de la oferta educativa y auditoría
La ley también busca ampliar la oferta de carreras, fortalecer la extensión universitaria y consolidar la investigación en universidades públicas. Además, prevé mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas y fomentar la internacionalización de la enseñanza y la investigación.
La Auditoría General de la Nación tendrá la tarea de realizar un control administrativo externo de las universidades, enviando informes y un plan de seguimiento al Congreso. Se ha indicado que el financiamiento provendrá de los aumentos en los ingresos corrientes que superen los montos presupuestados.
Emergencia sanitaria pediátrica
Simultáneamente, mediante el Decreto 760/2025, se ha promulgado la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y las residencias nacionales. Esta normativa exige la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial para el cuidado pediátrico.
Además, se establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud y la exención del impuesto a las ganancias para trabajadores del sector público y privado que realicen tareas críticas. El Hospital Garrahan será designado como «hospital de referencia nacional en atención de alta complejidad» y se asignarán recursos específicos para su funcionamiento.
Protestas y demandas sociales
Médicos del Hospital Garrahan y miembros de las universidades habían realizado marchas antes de la promulgación exigiendo el cumplimiento de estas leyes, argumentando que los anuncios de aplicación eran solo «promesas de campaña». La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro en el Hospital Garrahan y una concentración en Plaza de Mayo junto a sectores de discapacidad y estudiantes universitarios, alzando sus voces por la implementación de las tres leyes. Por su parte, tanto Fedun, que agrupa docentes universitarios, como Fatun, que representa al personal no docente, han anunciado un paro de 24 horas en todas las universidades del país, mientras algunos legisladores y rectores ya contemplan la posibilidad de llevar la disputa al ámbito judicial.
