Delegación de la Investigación
El juez federal Julián Ercolini ha decidido delegar en el fiscal Carlos Stornelli la investigación relacionada con la denuncia presentada por el Gobierno sobre un presunto plan de espionaje ilegal que tendría como objetivo afectar al oficialismo antes de las elecciones programadas para el próximo domingo.
Con esta medida, Stornelli obtendrá el poder para avanzar en la indagación, requiriendo la intervención de Ercolini únicamente para acciones específicas como allanamientos, escuchas telefónicas, indagatorias o detenciones.
Detalles de la Investigación
La delegación implica que Stornelli tiene amplias facultades para reunir pruebas de manera independiente y construir un caso sólido. En el dictamen que impulsó la investigación, Stornelli mostró su apoyo a la versión del Gobierno, que señala que las grabaciones de Karina Milei y de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), son producto de maniobras de espionaje ilegal.
- Las grabaciones fueron divulgadas en el canal de streaming Carnaval por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
- Stornelli indicó que “no puede descartarse sino más bien presumirse la ilegitimidad de los audios”.
- Afirmó que se encuentra ante una operación de inteligencia ilegal, que se desarrolla en condiciones clandestinas.
Aspectos Legales y Requisitos de Prueba
El fiscal destacó que la investigación no incluirá indagaciones sobre periodistas, garantizando la inviolabilidad de las fuentes. También enfatizó que cualquier medida de prueba solo podrá llevarse a cabo con una orden judicial adecuada.
Para avanzar, pidió medidas como:
- Solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) información sobre las licencias de Carnaval Stream.
- Requerir a la Inspección General de Justicia los legajos societarios de las personas vinculadas a este canal.
- Levantar el secretismo fiscal respecto a ARCA para obtener detalles de facturación y relaciones contractuales.
Relación con Otros Casos de Corrupción
La denuncia del Gobierno puede ser vista como una contradenuncia en relación a la causa de corrupción que se origina en los audios de Spagnuolo, donde se menciona que Eduardo «Lule» Menem y Karina Milei recibían comisiones de las compras de medicamentos para discapacitados. La justicia está evaluando cómo encuadrar la denuncia del Gobierno.
A medida que se avanza en ambos casos, cualquier hallazgo sobre espionaje ilegal podría influir en la causa de corrupción, argumento previamente utilizado por los dueños de la droguería Suizo Argentina, quienes sostuvieron que no puede prosperar una investigación basada en pruebas de actividades ilícitas.
Ambas causas comienzan su curso paralelo en el sistema judicial, aunque se anticipa que uno puede repercutir en el otro, según las aspiraciones de los abogados del Gobierno.
