La decisión de la jueza Preska
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha solicitado nuevamente al gobierno argentino que entregue una lista completa de los bienes que posee en el exterior. Esta exigencia se produce tras un fallo que obliga a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a fondos especulativos que reclaman compensación por la estatización de YPF, ocurrido en 2012.
Rechazo a la diferenciación de activos
El fallo se emitió después de que el Gobierno argentino solicitara que se diferenciara entre los bienes «comerciales» y aquellos considerados estratégicos, como los activos relacionados con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, esta solicitud fue desestimada.
El proceso de discovery
En el contexto legal estadounidense, el discovery es un proceso que permite solicitar información para identificar activos que podrían ser embargados. La defensa argentina presentó jurisprudencia al respecto, citando un fallo de la Corte Suprema sobre el caso NML Capital, que establece que solo se puede ordenar el discovery de activos que sean verdaderamente embargables. Según la defensa, permitir solicitudes ilimitadas contradice este principio.
Los requisitos de la jueza
Ahora, la jueza Preska ha decidido que se deben considerar todas las solicitudes y ordena la entrega de información sobre todos los activos argentinos. Una vez que tenga acceso a estos datos, se compromete a analizar qué activos son «embargables» y cuáles podrían quedar fuera de este proceso.
Rechazo a la moción de reconsideración
Días atrás, Preska también había desestimado la moción presentada por Argentina, que buscaba limitar los pedidos de discovery relacionados con dispositivos personales de funcionarios y exfuncionarios. La Procuración General del Tesoro argumentó que tales requerimientos son contrarios a la jurisprudencia estadounidense y protegen la privacidad de los datos personales y las comunicaciones privadas.
Requerimientos de comunicación
En julio, la jueza había ordenado al Estado argentino la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones personales de funcionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa, así como otros miembros de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández.
Objetivos de los demandantes
Los demandantes, compuestos por los fondos Burford y Eton Park, buscan demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino. Si logran este objetivo, podrían intentar embargar sus activos para hacer efectivas las sentencias por los 16.000 millones de dólares que deben a Argentina debido a este litigio.
