Mariela Fernanda Marzano, imputada por ejercicio ilegal de la medicina
Mariela Fernanda Marzano, identificada como una médica falsa en Río Negro, ha sido imputada por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y uso de documentación falsa tras casi seis años de ejercer en clínicas y hospitales de General Roca y Villa Regina. La decisión judicial se tomó tras una audiencia en la que el fiscal federal Matías Zanona presentó las pruebas recabadas durante tres meses.
Detalles de la investigación
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el 6 de abril por el Ministerio de Salud de Río Negro, tras detectar irregularidades en la documentación que Marzano presentó para conseguir su matrícula provincial. Desde agosto de 2020 hasta marzo de 2026, la acusada trabajó en diversas instituciones, como el Hospital Francisco López Lima, la Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y el consultorio externo Siron. Además, ocupó cargos de coordinación en terapia intensiva dentro de una clínica privada.
Medidas cautelares impuestas
El juez federal Hugo Greca dictó que Marzano permanezca en libertad durante el proceso, aunque bajo ciertas restricciones: no podrá salir de la provincia ni del país durante un período de seis meses, el cual está previsto para la investigación preliminar. Su pasaporte queda retenido, deberá presentarse semanalmente en la sede de la Policía Federal Argentina, y tendrá que mantener su domicilio actualizado y responder a controles telefónicos.
La defensa y las pruebas presentadas
En la audiencia, la defensa eligió no declarar, siguiendo el consejo del abogado Oscar Pineda. En contraste, la fiscalía presentó varias pruebas que demostraron cómo Marzano logró obtener su matrícula provincial mediante documentos falsificados ante un escribano. Esto le permitió asumir roles tanto en instituciones públicas como privadas.
- Se descubrió que presentó una resolución falsa del Ministerio de Educación de la Nación.
- También se hallaron documentos con firmas falsas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y un título de la Universidad de Los Andes de Venezuela.
La UNCo confirmó que solo completó el 49% de la carrera de medicina y que nunca terminó sus estudios, mientras que la universidad venezolana negó cualquier vínculo académico con ella. Además, la Dirección Nacional de Migraciones verificó que Marzano nunca viajó a Venezuela, un requisito crítico para validar su formación.
Impacto y consecuencias del caso
Las autoridades judiciales han ordenado el resguardo de las historias clínicas de los pacientes atendidos por Marzano y realizaron un allanamiento en su domicilio, donde se confiscaron títulos, sellos, recetarios, medicamentos y dispositivos electrónicos. A su vez, tres familias han presentado denuncias por homicidio culposo relacionadas con muertes ocurridas durante la atención brindada por la acusada, lo que adiciona un componente penal al caso.
Este escándalo ha puesto de relieve las deficiencias en el control del sistema de salud, ya que ni el estado provincial ni los centros privados lograron detectar las irregularidades a tiempo. La investigación ahora se enfocará en los procedimientos de contratación y verificación de títulos en clínicas privadas. El fiscal Zanona ha indicado que se llevarán a cabo entrevistas para esclarecer responsabilidades.
A pesar de la gravedad de la situación, la posibilidad de un castigo severo es considerada baja. Según el Código Penal Argentino, las penas por ejercicio ilegal de la medicina oscilan entre quince días y un año de prisión. La falta de antecedentes penales de Marzano podría influir en la decisión del juez. La causa permanece abierta y bajo la atención pública, centrándose en si hubo perjuicio económico para el Estado o los pacientes, y en el esclarecimiento de las responsabilidades en el fallo del sistema de control.
