Docentes Universitarios en Paro
Este miércoles, los docentes universitarios arrancan un paro de 72 horas en protesta ante el Gobierno nacional, demandando la implementación de la recomposición salarial estipulada en la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso y cuenta con una medida cautelar en la Justicia.
Exigencias Salariales
Este movimiento de protesta fue acordado la semana pasada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU en un plenario de Secretarios y Secretarias. El reclamo principal es que el Gobierno, bajo la presidencia de Javier Milei, realice la recomposición salarial del 33,4% que establece la normativa y la intimación del juez federal Martín Cormick.
Intervención Judicial
El juez Cormick ha exigido al Ejecutivo que en un plazo de cinco días se dé «cumplimiento total» a la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley, los cuales regulan la recomposición de salarios para docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles. No obstante, la Casa Rosada ha decidido apelar esta medida.
Contexto de la Lucha Universitaria
Este paro forma parte de un plan de lucha más amplio, en anticipación a una Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 15 de octubre. Desde hace semanas, las universidades han solicitado una intervención de la Justicia contra el Ejecutivo debido a la falta de aplicación de la Ley mencionada.
- La medida cautelar del juez Cormick, emitida en diciembre, tuvo el respaldo de la Cámara de Apelaciones en marzo y fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema el 25 de junio.
- Se estima que los salarios de los docentes requieren una recomposición del 31,2%, mientras que el Gobierno solo propuso un 3% en la última paritaria.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2025, pero el presidente Javier Milei ejerció su derecho de veto. La norma fue posteriormente devuelta al Parlamento y, de manera inusual, se insistió en su aprobación con el apoyo de dos tercios de los votos en ambas Cámaras, culminando en un amplio respaldo en el Senado el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo la promulgó sin aplicarla, argumentando la falta de especificación en las fuentes de financiamiento, lo que llevó a las universidades a iniciar acciones judiciales y a seguir con su movilización.
