Un juicio sin precedentes en Reconquista
Bruno Luis Martínez, de 24 años, habitaba en el barrio Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Reconquista, al noreste de Santa Fe. Sus vecinos lo describían como una persona conflictiva, frecuentemente involucrada en peleas y episodios de violencia, además de estar implicado en delitos como el robo y la venta de drogas.
En enero de 2024, Martínez vivía con su pareja de 28 años y las hijas de ella, Xiomara de 3 años y otra menor de 7. La familia se encontraba en condiciones de vida muy precarias.
El trágico suceso
El 8 de enero, la pequeña Xiomara sufrió una brutal golpiza entre las 8 y las 13 horas. Posteriormente, fue llevada de urgencia al Hospital Central de Reconquista, donde tras ser operada, los médicos no pudieron salvar su vida. Según la autopsia, la niña presentaba un traumatismo de cráneo grave que causó su muerte al día siguiente, como informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
Martínez fue arrestado de inmediato y puesto a disposición de la justicia.
Un juicio histórico
Esta semana, el acusado enfrentó un juicio con jurados populares en los Tribunales de Reconquista, el primer proceso de este tipo en la ciudad. Anteriormente, solo había habido un juicio por jurado en San Cristóbal y otros dos en la capital provincial.
Martínez fue acusado de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, además de ser un acto de violencia de género. El jurado no tardó en deliberar, declarando su culpabilidad por unanimidad tras solo dos horas de discusión.
En la audiencia de cesura, los fiscales Georgina Bressán y Valentín Hereñú solicitaron prisión perpetua para el condenado. Los fiscales elogiaron la dedicación de los ciudadanos que formaron parte del jurado y destacaron que la condena coincidió con las agravantes que habían propuesto en sus alegatos.
“En un contexto de dominación sobre la niña, el condenado la golpeó deliberadamente para provocarle cada vez más dolor”, expresaron los fiscales. También subrayaron que Martínez actuó con pleno conocimiento del estado de indefensión de una niña de su edad.
Por su parte, la defensa pública argumentó la «inconstitucionalidad» de la pena de prisión perpetua. No obstante, la jueza Claudia Bressán falló a favor de los acusadores, imponiendo la máxima pena al femicida, quien durante el fallo mostró una actitud apática, manteniendo las manos en los bolsillos de su chaqueta sin ofrecer reacción alguna.
