Un giro en el juicio de YPF
El proceso judicial en marcha relacionado con YPF, la petrolera nacionalizada en 2012, ha tomado un giro inesperado. Un grupo de familiares de víctimas de terrorismo ha decidido intervenir en el juicio que se desarrolla en Estados Unidos, con el objetivo de debilitar un argumento fundamental presentado por la defensa argentina: la inmunidad soberana del país en relación a la estatización de la compañía.
Casos de víctimas involucradas
Entre los implicados se encuentran casos trágicos como el de Darrik C. Benson, un suboficial de Primera Clase de la Marina de EE.UU. asesinado en 2011 por la Red Haqqani en Afganistán; el teniente coronel David E. Cabrera, quien perdió la vida en un atentado suicida de al-Qaeda; y el sargento David Lau, gravemente herido por terroristas en un ataque en 2012. Estos nombres representan no solo una estadística, sino el dolor de familias que buscan justicia.
Intervención en el juicio
Los familiares, a través de un documento firmado por el abogado Tejinder Singh del bufete Sparacino PLLC, han acudido a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Su intención es que el tribunal desestime el argumento de inmunidad soberana presentado por Argentina, asegurando que una decisión favorable a la defensa dejaría a las víctimas sin recursos para reclamar contra el estado iraní, al que acusan de estar involucrado en los actos violentos que afectaron a sus seres queridos.
Decisiones judiciales y reacciones
La juez Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ya ha fallado en contra de Argentina, ordenando la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los demandantes, una decisión que fue interpretada como una violación de derechos hacia los accionistas minoritarios, como Petersen Energía. Este fallo se basa en que no hay limitaciones territoriales que impidan la ejecución de órdenes de entrega de activos, un punto que la defensa argentina ha cuestionado.
Perspectivas y consecuencias políticas
Los argumentos presentados por las víctimas han sido defendidos como un mecanismo para asegurar que las excepciones a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras puedan aplicarse en este caso. Sin embargo, la Procuración del Tesoro de Argentina argumenta que este enfoque no tiene relevancia en el contexto de su apelación y que se basa en normas que no se aplican al litigio actual.
Además, la situación tiene implicaciones políticas dentro de Argentina. Con el gobierno de Javier Milei alineado con Israel y crítico de Irán, la decisión de este caso podría influir en las relaciones diplomáticas del país.
