Nueva legislación en el Régimen Penal Juvenil
El Gobierno liderado por Javier Milei ha promulgado este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce varios cambios significativos, incluida la disminución de la edad de imputabilidad para los menores a 14 años. La ley, conocida como Ley 27801, fue aprobada por el Senado de la Nación en febrero y ya ha sido publicada en el Boletín Oficial. Según el texto, esta regulación entrará en vigencia en un plazo de 180 días.
Objetivos de la nueva ley
La legislación tiene como propósito establecer un nuevo marco legal para los adolescentes, que abarca a aquellos desde los 14 años hasta los 18 años, cuando sean imputados por delitos definidos tanto en el Código Penal como en las leyes penales especiales actuales o futuras. El Ejecutivo ha señalado que un objetivo central de esta norma es fomentar en los menores un sentido de responsabilidad legal por sus acciones y facilitar su proceso de educación, resocialización e integración social.
Detalles y medidas incluidas
En el texto publicado, se explicó que la intención es ayudar a los adolescentes a superar el riesgo social y a resolver la conflictividad evidenciada a través de delitos, utilizando las medidas que contempla la nueva ley. Esta normativa cuenta con las firmas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem. Además, la ley incorpora programas educativos, laborales y recreativos para asegurar la reinserción de los jóvenes en la sociedad.
Modificaciones penales
La ley dictamina que para delitos con penas de hasta 3 años de prisión, así como para aquellos con penas de 3 a 10 años (que no impliquen muertes o lesiones graves), se aplicarán condenas en forma de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, prohibición de conducción o reparaciones económicas. Además, la pena máxima de prisión para delitos graves, como homicidios y robos violentos, se reduce de 20 años a 15 años.
Creación de institutos especiales
La normativa contempla la creación de institutos especiales destinados a albergar a los adolescentes en conflicto con la ley, contando con personal especializado en infancia y adolescencia. También prohíbe estrictamente la convivencia de menores con adultos detenidos. La promulgación de esta ley insta a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal y las normativas administrativas relativas a los adolescentes. Se asignarán $ 23 mil millones de pesos para garantizar su implementación en el primer año.
