Ataques en el Pacífico oriental
El Gobierno de Estados Unidos ha reportado la muerte de ocho personas en los recientes ataques perpetrados el pasado lunes contra tres embarcaciones en el Pacífico oriental, en áreas cercanas a Colombia. Esta operación se denomina ‘Lanza del Sur’ y es presentada por Washington como parte de su lucha contra el narcotráfico.
Desde el inicio de estas acciones en el mes de septiembre, se han contabilizado al menos 90 muertos y la destrucción de 26 embarcaciones en la región. Aunque estos incidentes tuvieron lugar en el Pacífico, coinciden con un notable aumento en el despliegue militar estadounidense en el Caribe y con un incremento de la presión política sobre Venezuela por parte de Donald Trump.
Detalles de la operación ‘Lanza del Sur’
En la jornada del 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta llevó a cabo «ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales», según el Comando Sur de EE. UU. en su cuenta de la red social X.
«La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaban involucradas en actividades de narcotráfico. En total, ocho narcoterroristas de sexo masculino murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera», detalló el reporte.
Contexto y repercusiones
Estos ataques se enmarcan en las declaraciones previas de Trump, quien ha afirmado que planea iniciar operativos terrestres en Venezuela para desmantelar las redes de narcotráfico. Además, mencionó al presidente colombiano, Gustavo Petro, como un posible objetivo.
La intención declarada de EE. UU. con la operación ‘Lanza del Sur’ es interrumpir el flujo de narcóticos y eliminar las amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas. La intensificación del despliegue militar estadounidense en el Pacífico y el Mar Caribe ha resultado hasta ahora en la destrucción de más de 26 embarcaciones y la muerte de alrededor de 90 personas lo que ha llevado a expertos en derecho internacional a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.
Legisladores en EE. UU. han cuestionado a Hegseth sobre estos ataques, especialmente concernientes a un segundo ataque contra una embarcación donde se buscaba a sobrevivientes del primer ataque.
Desde septiembre, el despliegue militar en aguas internacionales ha aumentado de manera sostenida, siendo considerado por analistas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales como el más significativo desde la Primera Guerra del Golfo.
Este incremento militar también se ha visto reflejado en la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona, la incautación de un petrolero venezolano, así como el uso de aeropuertos en Trinidad y Tobago para operaciones logísticas, incluido el reabastecimiento y la rotación de personal.
Trinidad y Tobago, ubicada a tan solo 12 kilómetros de Venezuela en su punto más próximo, ha respaldado las iniciativas militares estadounidenses. En respuesta, Nicolás Maduro indicó que su país podría interrumpir el suministro de gas a Trinidad.
Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro, acusándolo de encabezar el Cártel de los Soles, un grupo presuntamente vinculado al narcotráfico. Por su parte, el mandatario venezolano ha calificado los ataques de EE. UU. como acciones ilegales y agresiones que buscan justificar una intervención externa y facilitar el saqueo de los recursos energéticos de su nación, especialmente de petróleo y gas.
