Desempleo en el sector público argentino
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la administración pública ha experimentado un severo ajuste, resultando en la eliminación de casi 60.000 empleados en un lapso de dos años. Este recorte, que se traduce en una baja de 82 trabajadores diarios, ha generado un ahorro estimado de $3,4 billones anuales.
Datos sobre la reducción de empleos
Hasta noviembre del año pasado, la cantidad total de puestos de trabajo en el Estado era de 281.785, según el último informe del INDEC. Desde que Milei tomó posesión en diciembre de 2023, el sector ha perdido 59.688 puestos, lo que representa un 17,5% de la plantilla. Un análisis de Nadin Argañaraz, investigador del IARAF, indica que la rama más afectada por este ajuste fue la administración centralizada, que incluye los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una reducción del 28,8% de su personal.
Impacto en empresas estatales
- La administración centralizó 15.780 puestos menos
- Las empresas estatales, en total, perdieron 20.602 empleos (-18,7%).
Entre las empresas del Estado, el Correo Argentino fue la que más personal despidió, con una disminución de 5.191 empleados (30,8%). Otras instituciones también sufrieron pérdidas significativas, como la Operadora Ferroviaria S.E. (-3504, –14,7%), el Banco Nación (-2010) y Aerolíneas Argentinas (-1913).
Desaparición de organismos
El ajuste ha causado la disolución de varios organismos. Uno de los más significativos fue el Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), cuya clausura se anunció en octubre de 2024. Este ente, que tenía la responsabilidad de gestionar obras de infraestructura hídrica y sanitaria, desmanteló por completo su plantilla de 354 empleados.
De forma similar, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) dejó de operar bajo la dirección del Ministerio de Justicia, eliminando también sus 354 puestos.
Otros organismos en crisis
Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Agencia de Publicidad del Estado han sido severamente recortadas, con bajas del 35,6% y 79% respectivamente. El INCAA, por su parte, disminuyó su plantilla en un 51,3%.
Ajuste salarial y contrato suspendido
El recorte de empleos ha ido de la mano con una política de reducción de salarios en el sector público. Las cifras indican que los salarios del Poder Ejecutivo se han reducido en 10,4%, del Poder Judicial en 5,2% y del Poder Legislativo en 12,1%, todos en términos reales.
Este ajuste se perpetuará durante el presente año, con una extensión de la suspensión de contrataciones en el sector público mediante el decreto 934/2025. Este decreto prohíbe las nuevas incorporaciones, aunque prevé algunas excepciones para universidades, Fuerzas Armadas y el Servicio Penitenciario, aunque bajo la condición de que por cada alta se computen dos bajas anteriores.
