Solicitud de suspensión del proceso de discovery
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ha presentado un pedido formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la suspensión del proceso de discovery que había sido ordenado por dicho tribunal. Este pedido se enmarca dentro del litigio relacionado con YPF y adversa a un intento de desacato de parte de los demandantes.
En el documento se destaca que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
Antecedentes y cumplimiento de obligaciones
El organismo estatal recordó que, en gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres ocasiones. Sin embargo, resaltaron que desde la llegada del actual gobierno, en diciembre de 2023, el país ha seguido el proceso de discovery tal como fue ordenado y ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.
Además, señalaron que el Estado argentino ha realizado un esfuerzo extraordinario para proporcionar toda la información relevante, logrando un volumen de producción sin precedentes.
Aumento de reclamos inaceptables
No obstante, la Procuración advirtió que, a pesar del cumplimiento argentino, los demandantes han intensificado sus solicitudes, incluyendo peticiones cada vez más inaceptables, invasivas y costosas, distantes del objeto del proceso. De igual manera, mencionaron que en las últimas semanas, Burford ha incrementado la presión a través de una moción de desacato y ha solicitado información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
Se aclaró que estas reservas son propiedad del Banco Central, y como tal, gozan de inmunidad de ejecución, lo que las convierte en activos no ejecutables, haciendo que cualquier requerimiento de información al respecto sea manifiestamente improcedente.
Hostigamiento y defensa de la soberanía
Desde la PTN señalaron que el proceso de discovery se ha desvirtuado, convirtiéndose en una herramienta de hostigamiento que busca obstaculizar el funcionamiento normal del Estado argentino. En este sentido, advirtieron que los demandantes han manifestado explícitamente su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de Argentina, una conducta calificada como inaceptable, tanto jurídica como moralmente.
Finalmente, reafirmaron el compromiso de la República Argentina de utilizar todas las herramientas legales disponibles en las distintas instancias judiciales para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y detener peticiones ilegítimas que vulneren sus leyes, su Constitución y los principios del derecho internacional.
