Incremento en las demandas por accidentes laborales
En el contexto de la inminente discusión sobre la reforma laboral, que el Gobierno planea presentar al Congreso en las próximas semanas, un estudio privado ha evidenciado un resurgimiento en el número de reclamaciones judiciales relacionadas con accidentes y enfermedades laborales. Este fenómeno se ha convertido en uno de los principales factores que obstaculizan la creación de empleo formal en Argentina.
La litigiosidad laboral está regresando a niveles no vistos desde la implementación de la Ley 27.348 en 2017, la cual buscaba contener el aumento de juicios en los fueros laborales en todo el país. Actualmente, se ha revelado una desconexión significativa entre los incidentes reportados y los reclamos efectivos presentados en los tribunales. Un informe de la Fundación Mediterránea ha indicado que, a pesar de que los registros de accidentes han mostrado una tendencia a la baja, las demandas judiciales por cuestiones laborales han escalado notablemente, generando incertidumbre para las empresas y aumentando los costos para las aseguradoras.
Estadísticas alarmantes
Según el estudio, entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades en el trabajo ha manifestado un incremento notable, pronosticándose que, al finalizar 2025, se registrarán alrededor de 125.000 demandas, cifra que se asemeja a los máximos históricos de 2017. Este crecimiento se produce en un contexto donde la siniestralidad ha descendido, lo que sugiere que el aumento no se debe a un incremento en los accidentes, sino al funcionamiento del sistema judicial y pericial en cada provincia.
Diversidad territorial en las demandas
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, ha alertado sobre la insostenibilidad de este nivel de judicialización, indicando que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial.” Las tasas de juicios por cada mil trabajadores varían significativamente, destacando tasas de 0,1 en Salta, y hasta 24 en Santa Fe y 23 en San Luis, lo que evidencia profundas disparidades según la región.
Provincias con mayor litigiosidad
El análisis realizado señala que nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios del sistema. Comparando el año 2025 con el anterior, se ha observado un incremento en la mayoría de estas provincias, siendo notable el aumento en Santa Fe, San Luis y Chubut. Esta tendencia afecta la gestión y previsibilidad de los riesgos laborales a nivel nacional.
Causas del incremento en litigiosidad
Para la Fundación Mediterránea, el incremento en la litigiosidad se relaciona con la forma en que las justicias provinciales manejan sus procedimientos periciales. En diversas provincias, los peritos judiciales son seleccionados por sorteo de listas de médicos, y en muchos casos, sus honorarios son fijados como un porcentaje de la incapacidad diagnosticada, lo que promueve el sobrediagnóstico. Además, muchos de estos profesionales carecen de especialización en la valuación de daños laborales, y el sistema actual no permite revisar dictámenes previos de la Comisión Médica.
A pesar de la Ley 27.348 que introdujo mecanismos de selección profesional y revisión de dictámenes, su implementación ha sido parcial en el país. Fuentes indican que en varios distritos siguen vigentes condiciones que alientan a los trabajadores a acudir a los tribunales.
Impacto económico de la litigiosidad
La judicialización impacta directamente la estructura de costos de las coberturas de riesgos laborales, donde la cuota que las empresas abonan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se calcula en función del riesgo real y el costo judicial proyectado por litigiosidad. Cuando este último se desliga de la siniestralidad registrada, se altera la estructura de costos y los riesgos judiciales sobresalen sobre los accidentes reales.
Históricamente, entre 2010 y 2016, la disminución de la siniestralidad no se reflejó en la alícuota, que aumentó de 3,20% a 3,46%. Tras la implementación de la Ley 27.348 y la reducción de la judicialización, las primas de seguros comenzaron a bajar. Sin embargo, desde 2021, el aumento de la litigiosidad ha llevado nuevamente a un alza en las alícuotas, desajustando el equilibrio del sistema.
Desafíos para el futuro
El reciente aumento en las alícuotas ha generado preocupación entre los empleadores. Este incremento no cubre completamente el impacto financiero de la judicialización, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Informes recientes destacan que los juicios justifican aproximadamente un tercio de la alícuota total, desafiando la viabilidad financiera de la cobertura en el futuro.
A pesar de que, en agosto, las alícuotas promediaron el 2,9% de la masa salarial, este aumento solo compensa parcialmente las consecuencias de la judicialización. Esto hace que la sostenibilidad del sistema se vea comprometida ante cualquier cambio en las condiciones macroeconómicas del país y el riesgo de conflictos laborales.
La reciente decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación de aplicar una inhibición general sobre una ART frente a un déficit financiero ha encendido alarmas sobre el riesgo sistémico generado por la judicialización, así como la insuficiencia de las alícuotas para mantener el equilibrio operativo y financiero del sistema de riesgos laborales.
