Un caso de corrupción en el sistema penitenciario
El empresario Juan Ignacio Suris, conocido por su relación con la vedette Mónica Farro y su asociación con el valijero Leonardo Fariña, ha sido condenado a dos años de prisión efectiva. Esta decisión fue tomada en el contexto de un escándalo ligado a un régimen carcelario privilegiado que disfrutó en la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santa Fe.
La sentencia fue emitida el pasado 25 de marzo por el juez José María Escobar Cello del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Suris, mientras cumplía una condena por narcotráfico, fue hallado culpable del delito de cohecho, lo que implica que pagó sobornos a altos funcionarios policiales a cambio de un tratamiento diferencial y privilegios inusuales en su reclusión.
Detalles del fallo judicial
La resolución judicial también afecta a los policías Leonardo Rafael Benítez y Guillermo Gabriel Gallo, quienes fueron los encargados de recibir los sobornos y asegurar un trato especial para Suris como si fuera un “preso VIP”. Este estatus le permitía acceder a:
- Teléfonos celulares.
- Visitas sin control.
- Uso de electrodomésticos.
- Comidas especiales.
- Permiso para pasar largas horas en el casino de oficiales.
La investigación fue iniciada tras una denuncia anónima en enero de 2024 y recopiló abundantes pruebas, incluyendo testimonios, registros oficiales y escuchas telefónicas que evidenciaron el pago regular de coimas por parte de Suris, quien a menudo utilizaba a personas cercanas como Mariana Martínez —también imputada— para realizar los pagos.
Un panorama de corrupción
Las pruebas obtenidas revelaron un panorama de corrupción institucional donde el poder económico de Suris influía en la administración del establecimiento carcelario. Testigos lo mencionaron como el “tercer comandante”, indicando así su poder y las libertades de las que gozaba en el penal.
Es común que se observara a Suris compartiendo momentos con Benítez, disfrutando de café, mate, y asados, mientras se movía con libertad y hacía compras de alto valor gestionadas por el personal policial.
El sistema de pagos y favores quedó documentado en libros contables que estaban habilitados especialmente para sus transacciones, permitiéndole recibir visitas sin restricción incluso durante la noche.
Uno de los reportes acusó que una mujer identificada como “socia” de Suris había entregado un millón de pesos al subcomisario Benítez dentro del casino.
Consecuencias de la condena
La resolución judicial concluyó que tanto Benítez como Gallo habían recibido dinero, de forma sistemática, con el propósito de otorgarle a Suris prerrogativas indebidas y un tratamiento incompatible con el principio de igualdad ante la ley. Suris, quien ya había sido condenado previamente por tráfico de estupefacientes agravado, verá esta nueva pena unificada con la anterior, sumando un total de nueve años de prisión.
Por su parte, Benítez y Gallo enfrentan penas de tres y dos años de prisión respectivamente, con Benítez cumpliendo en forma efectiva. Ambos también han sido inhabilitados permanentemente para ejercer cargos públicos.
