Contexto de la situación de las jubilaciones
Desde el inicio del año pasado, el ajuste de las jubilaciones por inflación ha desencadenado una serie de nuevas demandas judiciales contra la ANSES. De acuerdo con la legislación previsional vigente desde 1969, se establece que la movilidad de las jubilaciones debe estar relacionada con la evolución de los salarios de los trabajadores activos.
Desigualdad en los aumentos
La jubilación es considerada un salario diferido, lo que implica que el índice salarial debería ser parte de la fórmula de movilidad. Con la implementación del decreto 274/24, el incremento de las jubilaciones se ha quedado por debajo del aumento de los salarios, medido tanto por el RIPTE (Remuneración de Trabajadores Estables) como por el Índice de Salarios del INDEC. Entre abril de 2024 y agosto de 2025, el RIPTE experimentó un crecimiento del 117%, mientras que el IPC aumentó un 71%. Esta diferencia de 46 puntos resulta en una ventaja significativa para el RIPTE.
El abogado Guillermo Jauregui explica que si el crecimiento del RIPTE continúa superando al IPC, quienes se jubilen en el futuro con remuneraciones similares recibirán jubilaciones más altas, lo que alterará la Indiferencia de la Fecha de Adquisición (FAD) del beneficio, profundizando la brecha entre los jubilados actuales y los salarios de los activos.
Argumentos legales y precedentes
Además, existe un criterio judicial establecido que sostiene que la jubilación actúa como un sustitutivo del salario. «Consideramos que la movilidad jubilatoria no puede ignorar la evolución del salario de los trabajadores activos», afirma Jauregui, refiriéndose al fallo Badaro de la Corte Suprema. En las nuevas demandas, se solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto 274/24 por no respetar el carácter sustitutivo de las jubilaciones, como está indicado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Jauregui argumenta: «Si el IPC sigue por debajo del RIPTE, las jubilaciones no se ajustarán acorde al crecimiento de los salarios de los activos, lo que violaría el principio de sustitutividad ya reconocido por la Corte Suprema».
Historia de la movilidad jubilatoria
La regulación de la movilidad de las jubilaciones ha sido objeto de diversas reformas. La ley 18.037 de 1968 estableció una encuesta acerca del salario de los activos para determinar los aumentos. La Ley 24.241 en 1993 implementó el AMPO, que calculaba el aumento según el aporte promedio sobre los sueldos activos. Posteriormente, la Ley 26.417 en 2008 fijó un 50% de participación del salario activo, y en 2017, la Ley 27.426 aumentó esa participación al 70%.
Frente a lo anterior, la ley 27.609 de 2021 fue criticada por carecer de un piso mínimo vinculado a la inflación. Según Jauregui, si se hubiera implementado un mínimo asociado a la inflación, la situación actual sería distinta y no se habría alcanzado el desastre financiero reportado.
Conclusiones sobre el Decreto 274/24
El impacto del Decreto 274/24 sobre las jubilaciones vuelve a repetir los errores de la ley 27.609, ya que basa el ajuste únicamente en la inflación, lo que puede perpetuar la pérdida de valor de las jubilaciones, que se estima supera el 35%. «Nos encontramos nuevamente frente a los mismos problemas», concluye Jauregui.
