Paro en el Garrahan contra el veto presidencial
Los trabajadores del Hospital Garrahan han comenzado un paro que se extenderá hasta el próximo domingo debido al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. Esta ley tenía como objetivo aumentar los recursos financieros destinados al hospital, pero desde el Gobierno argumentaron que su implementación implicaría un costo fiscal de más de $115 mil millones, lo cual, según sus estimaciones, podría desestabilizar programas de salud esenciales, como el calendario de vacunación.
Reacciones y declaraciones del personal
En declaraciones a la prensa, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, expresó que el veto ha causado una «bronca terrible» entre el personal del hospital. «Desde las 7 de la mañana del viernes hasta las 7 del domingo estaremos en paro», afirmó Lipcovich. También añadió: «La respuesta no puede esperar. Vamos a profundizar la lucha», haciendo hincapié en la urgencia de una recomposición salarial ante la creciente renuncia de trabajadores y el vaciamiento del hospital.
Protestas adicionales previstas
A finales de julio, los trabajadores del Garrahan ya habían protagonizado una multitudinaria protesta en contra de las políticas del presidente Milei. Encomendándose a nuevas acciones, Lipcovich destacó: «Hoy más que nunca, entendemos que este es el momento de salir a las calles para reclamar lo que corresponde». Junto al paro, se planea realizar un ruido nacional este viernes a las 20 horas como forma de manifestación contra la decisión presidencial. Igualmente, se anticipa una conferencia de prensa el próximo lunes frente al Congreso de la Nación para seguir poniendo en la agenda pública el reclamo de los trabajadores.
La postura del Gobierno
Desde el Gobierno se argumenta que el impacto fiscal de la propuesta salarial alcanzaría a la suma de $115.030.000.000. El presidente Milei advirtió que los gastos derivados de estas medidas tendrían que ser financiados por medio de reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, lo que podría resultar en la desfinanciación de otros programas sanitarios vitales. Además, resaltó que esto representaría aproximadamente un tercio del total asignado para el calendario de vacunación, así como un gasto equivalente al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Muchas de estas decisiones, según el Gobierno, afectarían las políticas públicas estratégicas en el área de salud.
