Un problema que el Gobierno prefiere no mirar de frente
Pocos temas incomodan tanto al actual Gobierno como el de la inflación. Y no es difícil entender por qué: el presidente Javier Milei llegó al poder con la promesa de ser el mayor adversario de ese flagelo económico y de su origen más profundo, el déficit fiscal. En campaña, llegó incluso a plantear cerrar, quemar y dinamitar el Banco Central en tres versiones sucesivas de su discurso.
Sin embargo, a casi tres años de su asunción, la Argentina sigue figurando entre los países con mayor inflación del mundo. Que el tercer año de mandato concluya con una inflación en torno al 30% anual resulta difícil de justificar: ese número sería considerado inaceptable incluso en muchas naciones del África subsahariana.
El argumento de los rezagos y su falsedad
El Presidente suele esgrimir que «la política monetaria tiene rezagos temporales», pero esa afirmación es una extrapolación incorrecta de estudios realizados para Estados Unidos, no para la Argentina. En ese país, bajar la inflación uno o dos puntos porcentuales puede requerir esperar hasta año y medio desde la implementación de una nueva política monetaria. Pero esa lógica aplica a variaciones pequeñas en economías estables, no a reducciones de decenas de puntos porcentuales.
La experiencia local lo demuestra con claridad. Con el inicio de la convertibilidad, ya en noviembre de 1991 —apenas siete meses después de su lanzamiento— la inflación había caído al 0,4% mensual. En 1993, el tercer año de ese esquema, la inflación anual fue de apenas 7,4%. No hubo que esperar nada: solo se hicieron las cosas correctas.
El déficit fiscal: necesario eliminarlo, no financiarlo
Existe consenso amplio en que, en economías de alta inflación, la causa suele ser monetaria, y que el origen de la emisión es el déficit fiscal. Por eso, los gobiernos que buscan estabilizar su economía apuntan a reducirlo a cero, no a financiarlo. La distinción es crucial: financiar el déficit mediante la colocación de bonos del Tesoro en el mercado no elimina su efecto inflacionario, ya que esos instrumentos son altamente líquidos y funcionan como sustitutos de los depósitos bancarios.
En ese sentido, el actual Gobierno cumplió con su promesa en lo que respecta al déficit operativo o «de caja»: los gastos vinculados a jubilaciones, educación, salud, fuerzas de seguridad, justicia, fuerzas armadas y empleo público están relativamente equilibrados y no generan déficit.
El problema oculto: el déficit financiero
Pero ahí termina la parte ordenada del balance. Porque además de las llamadas «transacciones reales» del Estado, existen las transacciones financieras, que incluyen principalmente el pago de intereses de la deuda. Y es precisamente en ese punto donde el esquema económico del Gobierno muestra su talón de Aquiles.
Al haber iniciado su gestión con tasas de interés extremadamente elevadas —incompatibles con cualquier objetivo de estabilización— y siendo el Estado el principal deudor del país, el propio Gobierno se autoimpuso un déficit financiero descomunal. Los números son contundentes:
- Al 31 de diciembre de 2023, la deuda total del Estado en pesos ascendía a $110 billones, equivalentes a USD 113.000 millones.
- A finales de octubre de 2026, esa cifra trepó a $371 billones, equivalentes a USD 241.000 millones.
- En menos de tres años, la deuda pública en pesos creció el equivalente a USD 128.000 millones, es decir, aproximadamente el 20% del PBI.
Estos datos surgen de cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas.
Un esquema que se destruyó a sí mismo
El crecimiento de la deuda se explica principalmente por el devengamiento de intereses y, en menor medida, por la colocación adicional de deuda para retirar pesos del mercado. Como consecuencia, la inflación no puede perforar de manera sostenida el umbral del 1% mensual para avanzar hacia un dígito anual, por más estable que se mantenga el tipo de cambio o por más divisas que ingresen desde el exterior.
En otras palabras: fue el propio Gobierno el que cercenó sus posibilidades al optar por tasas de interés en niveles siderales al inicio de su gestión. Si la estabilidad cambiaria se daba —como ocurrió—, esas tasas garantizarían una deuda en dólares creciente y un déficit financiero explosivo. El Gobierno arruinó su propio esquema.
La inflación como «ingreso fiscal»: una paradoja inaceptable
Ante este diagnóstico, el Gobierno suele responder de dos maneras: a veces argumenta que el déficit financiero se financia —lo cual, como se explicó, no neutraliza su efecto inflacionario—; otras veces sostiene que ese déficit no existe porque la inflación es igual a la tasa de interés. Esta última postura resulta llamativa: al razonar así, el Gobierno está tomando a la inflación como un ingreso fiscal, es decir, como una ganancia. Paradójicamente, la misma inflación que prometió eliminar.
Pan para hoy, hambre para mañana
El corolario es claro: la inflación argentina no puede alcanzar los niveles de un país normal porque la Biblia sigue al lado del calefón. Se anuncian reducciones del déficit «que duelen», pero esos esfuerzos resultan marginales frente al barril sin fondo de los pagos de intereses y la renovación frenética de deuda interna, que permanece invisible en el debate público.
La tasa de interés es el precio de la confianza. Mantener el dólar artificialmente barato a costa de una deuda creciente es, en definitiva, pan para hoy y hambre para mañana.











