Rechazo a los cambios en la selección judicial
La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, expresó su inquietud ante la promulgación del Decreto 467/2026, que modifica los anteriores decretos 222/2003 y 588/2003, los cuales regulaban el proceso de selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como de la Procuración General y la Defensoría General.
García alertó que «las modificaciones eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y al público en general formular observaciones sobre las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo». Asimismo, recordó que «el régimen establecido en 2003 representó un avance significativo en términos de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y control ciudadano en procesos de gran impacto institucional».
Importancia de la participación ciudadana
La titular del Colegio Público destacó que «la participación de los diversos sectores de la sociedad civil ofrecía información y perspectivas valiosas para una evaluación pública de las candidaturas, lo que fortalecía la calidad institucional del proceso». En este contexto, advirtió que «la eliminación de esos mecanismos representa un claro retroceso en relación con los estándares institucionales que Argentina había adoptado para la designación de las máximas autoridades del sistema de justicia».
García remarcó que «el hecho de que el Senado conserve sus atribuciones constitucionales para otorgar acuerdo hace necesaria esta instancia previa. La oportunidad de que la sociedad civil pudiera expresar fundamentaciones de apoyo u objeciones antes de la remisión de los pliegos enriquecía la decisión presidencial, fortaleciendo la legitimidad de las designaciones y ampliando la transparencia del proceso».
Preocupaciones adicionales
Finalmente, la nueva presidenta de la institución, que representa a casi 90.000 matriculados, añadió otra inquietud: «La derogación de las disposiciones que promovían una integración de la Corte Suprema que considerara la diversidad de género, de procedencias y de trayectorias profesionales». «Lejos de limitar las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, dichos criterios guiaban el ejercicio de una facultad institucional de máxima importancia y contribuían a una composición más representativa del máximo tribunal», concluyó.
