Recortes significativos en el presupuesto educativo
A pocas horas de la marcha universitaria en protesta por el incumplimiento de la Ley de financiamiento aprobada en el Congreso, el Gobierno ha decidido efectuar un recorte de $78.768 millones en diversos programas de la Secretaría de Educación. Esta medida, oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, impacta significativamente en el sector educativo.
Impacto en programas y becas
La mayor afectación recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que ha sufrido un recorte de $35.288.051.713, afectando las transferencias a las provincias para su implementación. Además, se ha suprimido el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, que buscaba igualar los salarios mínimos de los docentes provinciales, con una reducción de $8.929.835.294.
- El ajuste en infraestructura escolar y equipamiento asciende a $21.686.636.818.
- El programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” recortó $6.649.536.538, impactando en más de $559 millones destinados a becas estudiantiles.
Asimismo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. ha experimentado una retracción de $48.000.000.000 en sus transferencias. Las universidades nacionales también se verán afectadas, con un recorte adicional de $5.303.000.000 en transferencias de capital, lo que ha llevado a la suspensión de obras en trece instituciones. La Universidad Nacional de La Plata tuvo la mayor reducción, con $1.043.000.000 menos, seguida por otras como la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con $700.000.000 cada una.
Proyecciones presupuestarias preocupantes
Según estimaciones del CEPA, el presupuesto del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” ha experimentado una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 durante la gestión de Javier Milei. Comparado con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue inicialmente rechazada por el Poder Ejecutivo pero luego reimpulsada, el presupuesto de universidades nacionales podría haber llegado a $8,49 billones en 2026, mostrando un aumento real del 33,8% respecto a 2025 y apenas un 1,9% sobre 2023.
En contraste, el plan del Gobierno, que prevé un incremento del 13,1%, llevaría el total a $5,51 billones. Sin embargo, esto significaría una disminución real del 2,1% respecto al año anterior y una caída del 33,9% frente a 2023. Así, mientras que la ley propuesta habría permitido una casi recuperación del presupuesto previo al ajuste, el plan actual asegura que la financiación para las universidades se mantenga 35,1% por debajo de lo que establecería la ley aprobada.
Postura del Gobierno sobre el financiamiento
El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, declaró: «La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto…». Hizo énfasis en que el aumento salarial del 50% que proponen implica un gasto insostenible para el Estado en la actualidad, mencionando: «…incluso antes de que se votara el Presupuesto, la norma estaba mal, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, que exige especificar de dónde proviene cada gasto».
