La nueva Ley Joaquín en Córdoba
La Legislatura de Córdoba ha adoptado la «Ley Joaquín», estableciendo un Régimen de Protección de Víctimas de Delitos que introduce modificaciones en la ley 8.123 del Código Procesal Penal. Esta ley, sancionada el pasado jueves por unanimidad, permite asegurar derechos a las víctimas desde su primer contacto con las autoridades.
Contexto y motivación para la ley
El impulso para esta legislación surgió tras el trágico asesinato de Joaquín Sperani el 29 de junio de 2023 en Laboulaye. A raíz de esta situación, se buscó brindar a las víctimas y sus familiares un papel más activo en los procesos penales. Con esta norma, los familiares podrán actuar como querellantes, lo que les permite proponer medidas de prueba, apelar decisiones judiciales y supervisar la investigación fiscal.
Derechos establecidos por la nueva normativa
- Las víctimas deben recibir trato con dignidad, respeto y sensibilidad.
- Se implementarán medidas para prevenir la revictimización.
- Provisión de atención y protección especial para personas en situaciones de vulnerabilidad.
- Acceso rápido a ayuda y asistencia.
El presidente Provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, resaltó los estándares claros de actuación que la ley otorga a los operadores estatales y judiciales al interactuar con las víctimas, garantizando así su privacidad y acceso a información clara sobre el proceso penal.
Ampliación de la definición de víctima
La ley también expande la definición de víctima, incluyendo no solo a quienes han sido directamente afectadas por el delito, sino también a sus cónyuges, convivientes y familiares cercanos en casos de muerte o lesiones severas.
El impacto del caso de Joaquín
El asesinato de Joaquín durante un encuentro con un compañero de 14 años, quien fue declarado inimputable, generó un fuerte impacto en la comunidad y se convirtió en catalizador para el cambio legislativo. Después del crimen, el joven fue detenido y posteriormente liberado, generando controversia en torno al manejo del caso.
Además, en octubre de 2024, la familia de Joaquín presentó una demanda civil contra el Gobierno provincial y los padres del adolescente implicado, reclamando la suma de $600 millones. La decisión judicial a su favor llegó en febrero de 2025.
