Revisión del Caso por la Comisión Interamericana
En mayo de 2018, el cura Justo José Ilarraz fue sentenciado a 25 años de prisión por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, tras comprobarse su culpabilidad en siete casos de abusos sexuales a menores, ocurridos entre 1985 y 1993 en un seminario de Paraná. Sin embargo, en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió sobreseerlo, argumentando la prescripción de los delitos.
Reacciones tras el fallo de la Corte Suprema
Ante esta inesperada decisión, a finales del año pasado, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, la CIDH aceptó revisar la petición presentada por las víctimas del ex cura. Gil Domínguez expresó: «La verdad es que es una noticia muy importante, porque la Comisión le dio asidero a la petición presentada, algo que no suele ocurrir en la mayoría de los casos. La CIDH no abre cualquier caso, evidentemente observó en el texto presentado un alto grado de verosimilitud.» Además, agregó que el Estado tiene un plazo de tres meses para responder sobre los motivos del sobreseimiento de Ilarraz.
Las palabras de Liliana Rodríguez
La psicóloga Liliana Rodríguez, parte de la Red de Sobrevivientes Eclesiásticos, comentó: «Es una decisión sumamente importante la que emitió la Comisión Interamericana, después del peligroso y grave precedente que sentó la Corte Suprema de Justicia, que sobreseyó a un cura que abusó de siete chicos de entre diez y catorce años. Esta posibilidad de que se revea el fallo es el resultado de una lucha denodada de las víctimas.» Rodríguez subraya que el admitir las denuncias de Ilarraz es de gran trascendencia no solo por el futuro del ex cura, sino también por los precedentes que podría establecer un fallo en este sentido.
Críticas a la decisión estatal
El escrito de Gil Domínguez critica la sentencia de la Corte al señalar que «omite ejercer el control de convencionalidad interno judicial» y establece que el dictar la prescripción de la acción penal vulnera los derechos humanos de las víctimas. También se menciona que el Estado argentino desoyó que la persona adulta fue condenada en todas las instancias judiciales en Entre Ríos y que, al aplicar automáticamente la prescripción, ignoraron el contexto de vulnerabilidad de las víctimas en una institución religiosa.
La perspectiva de una víctima
Hernán Rausch, una de las víctimas de Ilarraz, se muestra cauteloso: «No quiero hacerme grandes expectativas; lo tomo con calma. A diferencia de la noticia de hace casi un año, cuando se dictó su sobreseimiento, esta es una novedad enorme y se abre una esperanza, pero no quiero volverme loco». Rausch, que trabaja como preceptor en una escuela privada, logra mantener una actitud serena, expresando que, a pesar de su pasado doloroso, confía en Justicia.
Esto se traduce en un abuso de confianza en su juventud, cuando Ilarraz actuaba como su guía. Rausch manifiesta: «Él era astuto, persuasivo y buscaba a los más vulnerables. Nos sentimos traicionados al conocer su verdadera naturaleza». Confiando en que Ilarraz fue condenado unánimemente, concluye: «La condena social es implacable y para nosotros, que lo padecimos, esa sentencia fue un gran alivio.»
